EE.UU. se ha ‘aflojado el bolsillo’ -de manera generosa- para dar caza a uno de los cabecillas de la fuerza cibernética iraní. El Departamento de Estado ha anunciado una recompensa de 10 millones de dólares para cualquiera que aporte información sobre el paradero de Amir Yaryab.
Según han señalado altos mandos estadounidenses esta figura dirigiría varios grupos de hackers iraníes que han atacado «sectores de infraestructuras críticas, incluidos la defensa, las noticias, el transporte marítimo, los viajes (hoteles y aerolíneas), la energía y los sistemas financieros y de telecomunicaciones en EE.UU, Europa y Oriente Medio».
Para más inri, Yaryab también supervisaría y controlaría las operaciones de grupos afiliados al IRGC-CEC, como CyberAv3ngers, Dadeh Afzar Arman (DAA) y Mehrsam Andisheh Saz Nik (MASN). El primero de ellos se ha mostrado especialmente activo en el último año pero su actividad ha sido incesante desde al menos 2020, según nos hemos hecho eco en Escudo Digital.
Igualmente, se acusa al militar de estar al frente de Shahid Hemmat y Shahid Shushtari, dos bandas de ciberdelincuentes que llevan a cabo ataques informáticos contra organizaciones estadounidenses.
10 millones por cibercabecilla
La recompensa forma parte del programa Rewards for Justice, que ofrece estas sumas para quien aporte información que lleve a la identificación o localización de cualquier persona que, actuando bajo la dirección o el control de un gobierno extranjero, participe en actividades cibernéticas maliciosas contra la infraestructura crítica de EE. UU. en violación de la Ley de Fraude y Abuso Informático (CFAA, por sus siglas en inglés).
Desde finales de julio, las autoridades estadounidenses han alertado de que Irán ha retomado sus ataques contra la industria del agua, afectando a más de un centenar entidades diferentes en al menos una docena de estados.
Tan solo hace unos días que el Departamento de Justicia acusó a piratas informáticos vinculados al ejército iraní de haber comprometido las cuentas de email de empleados del Departamento de Trabajo, la Comisión Federal Reguladora de Energía y varias organizaciones de las Naciones Unidas.
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